Defensor promueve debate sobre Ley de Bosques

21-02-2017, 6:27 pm, Cordoba

Defensor promueve debate sobre Ley de Bosques

Mario Decara convocó a sectores académicos, políticos y productivos a una jornada técnica de “aportes para el consenso del proyecto de la nueva ley de ordenamiento territorial del bosque nativo (OTBN)”.

El panel de disertantes estuvo integrado por el Ing. Daniel Di Giusto, director del Instituto de Ambiente de la Defensoría; la Biól. Alicia Ledesma, directora del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la UNC; y el Ing. Agr. Daniel Aoki, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Estuvieron presente además los legisladores: Orlando Arduh, Carlos Presas, Carlos Ciprian, Eugenio Díaz, Hugo Capdevila, Nilda Roldán, Víctor Lino, Amalia Vagni, Miriam Cuenca, Gustavo Eslava, Isaac López, Adolfo Somoza, Carmen Nebreda. También intendentes, presidentes comunales, organizaciones ambientales no gubernamentales y representantes del sector agropecuario.

A fines de diciembre del año pasado el Instituto de Ambiente de la Defensoría participó de la Audiencia Pública que tuvo lugar en la sede de la Legislatura objetando numerosos aspectos del proyecto de Ley de OTBN, entre ellos la forma en que se llevó a cabo esa instancia de debate ya que, dada la importancia de la temática abordada, no estuvo garantizada la participación de todos los sectores involucrados. Finalmente, el tratamiento del proyecto pasó para este año.

Decara convocó a expositores especialistas técnicos y académicos en la materia a fin de realizar aportes técnicos que permitan incrementar los conocimientos para un mejor tratamiento de la problemática que implica el proyecto de ley en cuestión. El Defensor del Pueblo considera que la aprobación de una ley como esta, que influirá sobre la calidad de vida de esta generación y las generaciones futuras, amerita un amplio marco de consenso que debe basarse en el exhaustivo intercambio de opiniones entre los distintos actores involucrados para “sacar la mejor ley posible”.

El Director del Instituto de Ambiente de la Defensoría -INADEP- Ing. Daniel Di Giusto expuso la postura institucional respecto del proyecto de ley que está en discusión. En primer lugar se refirió al artículo 1 del proyecto, donde se menciona “un aprovechamiento sostenible con cambio de uso del suelo de los bosques nativos”. Para el INADEP esto genera una contradicción por cuanto si se pretende conservar el bosque no debe plantearse el cambio de uso de suelo.

Otro punto objetado tiene que ver con que el proyecto parte de la premisa de una disminución en la superficie de bosques existentes. Para la Defensoría del Pueblo esto no se puede establecer al no contar con mapas que delimitan las zonas de bosques, lo que no permite conocer las áreas actuales ni las superficies afectadas por el nuevo proyecto, por lo que no debería ejecutarse ningún tipo de acción.

Durante la exposición también se dejó sentado que el proyecto en cuestión es escaso en la definición de términos fundamentales tales como: “árbol”, “bosque”, “bosque nativo”, “manejo sostenible de bosque”, entre otros. Y que tales definiciones son fundamentales para la correcta interpretación y aplicación dela futura ley.

Desde la Defensoría además se remarcó que es necesario establecer la obligatoriedad de contar con la evaluación de impacto ambiental previo a la obtención de la licencia ambiental para todas las actividades que no sean propias de la preservación del bosque (art. 20 del anteproyecto)

Otros aspectos observados durante la participación de Defensoría fueron: la posibilidad que la aprobación de la nueva ley y la consecuente derogación del decreto 170/11 que reglamenta la ley 9814, se permita llevar adelante acciones como el desmonte químico, entre otras; la definición del Ministerio de Ciencia y Tecnología o el organismo que en su futuro lo reemplace como autoridad de aplicación (art. 7); el régimen sancionatorio planteado en el artículo 50 del anteproyecto, que debería contemplar sanciones como el arresto efectivo e incremento de penas para la reincidencia y definir una estructura de incentivos que generen el cumplimiento efectivo de la ley.

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